La Policía Nacional en Jaén ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir ciudadanos de origen magrebí en España y regularizarlos mediante parejas de hecho simuladas. La operación, bautizada como Vínculo, ha destapado más de 300 solicitudes de residencia obtenidas en fraude de ley, un negocio clandestino que podría haber generado más de 30 millones de euros para sus cabecillas.

La investigación comenzó a principios de febrero de 2025, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras detectaron varias peticiones irregulares de residencia por circunstancias excepcionales. Tres de ellas, consideradas “matrimonios blancos”, habían sido registradas como parejas de hecho en Cataluña y compartían un nexo inesperado: los supuestos empadronamientos en domicilios de Torredonjimeno. Fue este detalle, aparentemente menor, el que abrió la puerta a una investigación de gran escala que terminaría extendiéndose por toda la geografía española.

Los agentes comprobaron que parte de la documentación presentada —volantes de empadronamiento, contratos de arrendamiento y certificados de parejas estables— estaba falsificada o manipulada. La red utilizaba direcciones de municipios como Torredonjimeno para simular convivencias que nunca habían existido y allanar así el camino hacia la obtención de la residencia comunitaria. Una vía rápida y lucrativa que permitía a los ciudadanos extranjeros obtener permisos de cinco años y acceso legal al mercado laboral.

El engranaje funcionaba con precisión. Los cabecillas, españoles y marroquíes, coordinaban un sistema en el que participaban captadores, encargados de reclutar a mujeres españolas —en su mayoría de Málaga— dispuestas a inscribirse como pareja de hecho a cambio de entre 500 y 600 euros. Otros miembros de la trama aportaban la documentación falsa y gestionaban los pagos, que en algunos casos alcanzaban los 12.000 euros por persona. Los beneficiarios apenas conocían a sus supuestas parejas, pero la inscripción en notarías de Barcelona completaba el proceso para solicitar la residencia.

La organización tenía ramificaciones en Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga, y fue necesaria la colaboración de varias unidades policiales para cerrar el cerco. Finalmente, se practicaron 48 detenciones —37 mujeres y 11 hombres— en Jaén, Málaga, Vélez-Málaga, Tenerife y Barcelona. En un registro en Badalona, donde residía la principal responsable, los agentes encontraron 17.000 euros en efectivo y abundante documentación que ahora se analiza para determinar el alcance total del fraude.

Mientras tanto, la Brigada de Extranjería ha solicitado ya la anulación de los permisos de residencia obtenidos fraudulentamente y la retirada de posibles ayudas sociales concedidas en base a esa documentación irregular. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

En Torredonjimeno, donde algunos de los empadronamientos ficticios hicieron saltar las alarmas, la noticia ha sido recibida con sorpresa e inquietud. El uso indebido de domicilios de la localidad vuelve a situar en el mapa a un municipio que, sin pretenderlo, se ha visto salpicado por una de las mayores tramas de fraude de extranjería destapadas en los últimos años.