La discusión sobre la instalación de plantas de biometano ha estallado en varios municipios andaluces y coloca a Torredonjimeno como uno de los puntos clave del conflicto. La Junta de Andalucía ha rechazado por tercera vez en menos de 72 horas una iniciativa parlamentaria del PSOE que reclamaba una regulación específica para estas instalaciones, incluyendo distancias mínimas a las zonas habitadas, informes sanitarios y estudios de olores, así como la suspensión cautelar de los proyectos actualmente en tramitación.

El parlamentario socialista Víctor Torres criticó que el Gobierno andaluz “deje a los ayuntamientos a su suerte” en un asunto que, según insistió, no puede recaer exclusivamente en la administración local. Recordó que los municipios no pueden oponerse a proyectos que cuenten con todos los informes favorables, ya que podrían incurrir en prevaricación, por lo que reclamó a la Junta “planificación, información y transparencia”.

La propuesta socialista fue trasladada a las Consejerías de Sostenibilidad, Industria y Fomento, encontrando la negativa del PP en las tres. Mientras tanto, la tensión crece en municipios como Torredonjimeno y Jamilena, ambos gobernados por el Partido Popular, a raíz de un proyecto que plantea instalar una planta en suelo tosiriano a tan solo 500 metros del casco urbano jamilenuo. Este caso ilustra el conflicto territorial que, según Torres, afecta a alcaldes de todos los colores políticos.

En la provincia de Jaén también existe rechazo social en Baeza, donde se contemplan hasta tres plantas en Puente del Obispo, así como en Alcalá la Real y Andújar, donde los equipos municipales han anunciado modificaciones urbanísticas que, según el PSOE, “no llegarán a tiempo”.

Torres defendió que su partido apoya las energías renovables, “pero no de cualquier manera”, y urgió a la Junta a asumir su competencia exclusiva en ordenación del territorio. Reclamó que se establezcan distancias mínimas entre plantas y población, se realicen informes sanitarios y de olores y se delimiten mapas de ubicación.

A la espera de una respuesta autonómica, el debate continúa creciendo. Torredonjimeno, junto a otros municipios afectados, reclama una regulación clara que aporte seguridad jurídica tanto a las administraciones locales como a los vecinos.