Más de 18.000 firmas reclaman en el Parlamento andaluz la conversión en autovía de la A-306

El movimiento ciudadano en torno a la mejora de la A-306 ha dado un nuevo paso con la entrega de más de 18.000 firmas en el Parlamento andaluz. La acción, respaldada por la plataforma en defensa de esta carretera y la Plataforma de Alcaldes, ha reunido también a representantes institucionales y colectivos sociales decididos a impulsar una solución definitiva.

La vía, que enlaza las provincias de Jaén y Córdoba, lleva años siendo objeto de quejas por parte de usuarios y administraciones locales. Los promotores de la iniciativa consideran que su transformación en autovía no es una opción, sino una necesidad urgente para reducir riesgos en la circulación y favorecer el desarrollo de las comarcas a las que da servicio.

En el acto celebrado en la Cámara autonómica, los portavoces destacaron el papel estratégico de esta carretera para municipios como Martos y El Carpio, subrayando que la falta de una infraestructura adecuada limita las oportunidades económicas y la conectividad del territorio.

Las plataformas también aprovecharon la ocasión para cuestionar las actuaciones realizadas hasta ahora en la A-306. A su juicio, las mejoras ejecutadas en los últimos años, entre ellas algunas intervenciones en 2024 en Torredonjimeno, no han sido suficientes para resolver los problemas de fondo. En este sentido, alertan de que continuar con intervenciones puntuales no garantiza ni la seguridad ni la eficacia de la vía.

Entre las propuestas planteadas, destaca la necesidad de que el proyecto de conversión en autovía sea incorporado al Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), acompañado de una inversión que permita hacerlo realidad.

Asimismo, recuerdan que Jaén y Córdoba continúan siendo las únicas capitales andaluzas sin una conexión directa por autovía, una situación que consideran anómala y que, aseguran, debe corregirse cuanto antes.

Con la entrega de estas firmas, los impulsores de la iniciativa confían en que la demanda social se traduzca en decisiones políticas que permitan avanzar hacia una infraestructura más segura y acorde a las necesidades del territorio.

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