Adelante Andalucía llevará la próxima semana al Parlamento andaluz la situación que afecta a las mujeres de la provincia de Jaén en relación con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un derecho que, según denuncia la formación, no puede ejercerse actualmente ni en la sanidad pública ni en la privada en este territorio.

Así lo ha anunciado el portavoz de la formación y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, tras mantener un encuentro en Jaén con representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y del colectivo Feministas 8M, en el que se abordaron diversas problemáticas sanitarias.

En declaraciones a los medios, García ha denunciado “el abandono permanente” que, a su juicio, sufre la provincia, a la que ha calificado como “una provincia olvidada y un territorio de sacrificio”, donde —ha asegurado— las instituciones no garantizan adecuadamente los derechos de la ciudadanía.

El dirigente ha puesto el foco en la imposibilidad de acceder al aborto en Jaén, subrayando que “el derecho al aborto no se cumple en la provincia”. “Ya no es que no se pueda abortar en la sanidad pública, que es lo que querríamos —ha señalado—, es que en Jaén no se puede abortar ni siquiera en la privada”.

Ante esta situación, ha explicado que las mujeres que desean interrumpir su embarazo están siendo derivadas a otras provincias andaluzas como Málaga, Granada, Sevilla o Córdoba, en muchos casos sin cobertura de los gastos de desplazamiento.

Desde Adelante Andalucía consideran que esta situación vulnera un derecho reconocido por ley y afecta, según sus datos, a más de 800 mujeres cada año, que deben asumir los costes de traslado e incluso de alojamiento cuando la intervención requiere más de una jornada. Además, García ha denunciado que tampoco se está garantizando la asistencia psicológica posterior contemplada en la normativa.

Por ello, la formación presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz con el objetivo de abrir el debate y que todos los grupos políticos se posicionen sobre esta cuestión.

García ha insistido en que no se trata de una cuestión “opcional”, sino de un derecho legal que “se tiene que cumplir, se esté de acuerdo o no”.